En la Mira

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Héctor Estrada

Urge erradicar pirataje, pero también monopolios del transporte en Chiapas

La proliferación del transporte público irregular se convirtió en un asunto descontrolado durante las administraciones de Juan Sabines Guerrero y Manuel Velasco Coello. La debilidades y complicidades de ambos gobiernos propiciaron el avance de
nutridos grupos que al margen de la ley se apoderaron de espacios que durante los últimos años desataron enfrentamientos violentos entre distintos frentes.
La orfandad y anarquía dentro del sector propició la formación de grupos tan diversos como los intereses y necesidades mismas. Por un lado, un grupo integrado por choferes asalariados en busca de concesiones, mientras por el otro la irrupción de organizaciones violentas como MOCRI, apoderándose de rutas sin el menor temor de ser identificados y detenidos.
No ha sido gratuito el malestar de los viejos concesionarios ante tan permisiva actuación de las autoridades. La Secretaría del Transportes en Chiapas no sólo ha hecho caso omiso a la presencia evidente de unidades irregulares, en muchos casos, según denuncias de los propios permisionarios, también ha protegido sus operaciones a cambio de pactos y favores políticos.
Se trata pues de un problema más complejo de lo que parece. Y es que, la proliferación del transporte irregular también ha sido consecuencia de prácticas igual de arbitrarias originarias al interior del aparato gubernamental; un nutrido grupo de concesionarios cuyas operaciones también rayan en la ilegalidad, monopolios del conocimiento público que se han apoderado del sector a costa de las mismas mañas políticas de quienes hoy significan su competencia desleal.
Los dueños del transporte público en Chiapas han evitado por años exponer sus ingresos reales y el número de unidades (con o sin renta de placas y prestanombres) que están verdaderamente bajo su posesión. Han omitido cifras concretas como los 36 mil pesos mensuales que en promedio ingresan por cada una de las unidades en servicio.
El Artículo 19 de la Ley de Transportes en Chiapas establece de manera muy clara que sólo podrá ser otorgada una concesión por persona. La regulación determina que la vocación de dicho derecho estatal es beneficiar a los propios trabajadores del volante como una fuente de empleo completamente regulada. Así lo precisa el Artículo 22 de la misma ley cuando menciona que las concesiones sólo podrán ser otorgadas y operadas por los “legítimos trabajadores asalariados del volante que tengan una antigüedad de 15 años ininterrumpidos, respetando el orden cronológico de solicitud”.
Des esta forma, “cuando un concesionario no pueda hacerse cargo de la prestación del servicio en los términos de la concesión otorgada, la autoridad estatal, para garantizar su prestación, podrá iniciar el procedimiento de revocación de la misma”, “el transporte en estas unidades será prestado directamente por los permisionarios, por lo que el conductor no podrá ser persona diversa o asalariado”, detallan los artículo 35 y 38.
De manera resumida, la concesiones están dirigidas legalmente para quienes las trabajan de manera directa, no para la creación de mini o macro empresarios del transporte público. O ¿Cuántos de los choferes de las unidades que circulan en Chiapas cree usted que son los mismos dueños de las concesiones? Por eso es que los ingresos generados de este servicio simplemente no alcanzan.
En datos duros, son mil 200 pesos que se debe entregar como cuenta diaria por unidad, el resto es salario para el o los choferes que ni siquiera cuentan con prestaciones laborales mínimas como el acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, vacaciones, días festivos, fines de semana, fondos de ahorro para el retiro y ya ni hablar de aguinaldo o jubilación.
Y sobre el chofer (que realmente es quien trabaja la unidad y por lo tanto la concesión) también recae la responsabilidad de pagar la gasolina, no sobre la cuenta diaria que recibe el concesionario cómodo cuya única responsabilidad es mantener la unidad en buenas condiciones, cosa que evidentemente no cumple a cabalidad. Ahí está la mayor contradicción a la dichosa crisis de rentabilidad que acusan como pretexto reiterativo.
Porque con los últimos aumentos al precio del pasaje lo único que ha incrementado permanentemente es la tarifa o cuota para los concesionarios. El ingreso del chofer sigue dependiendo del trabajo diario. Así de simple. Quienes terminan engordándose los bolsillos son los mismos “pulpos de siempre” que cada año salen con la misma cantaleta para conseguir su aumento salarial anual.
Es verdad, urge una regulación inmediata a las miles de unidades que hoy circulan en la entidad de manera ilegal, pero también una revisión a fondo dentro de dicho sector para sacar a la luz el “cochinero” que pudre las entrañas de un sistema tan importante como el transporte público. El reordenamiento tiene que venir desde el fondo de la problemática para finalmente hacer cumplir la ley, erradicar los dañinos monopolios y dignificar las condiciones de los verdaderos trabajadores del volante… así las cosas.

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